Administración Pública y Menores de Edad: El Sistema de Protección a la Luz de los Informes de los Defensores del Pueblo

En 2015 se llevó a cabo una profunda modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia vigente en nuestro país desde 1996, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Protección jurídica del Menor. No debe sorprende que, entre los elementos que pusieron de manifiesto los importantes cambios sociales transcurridos, y de que demandaban una mejora de sus instrumentos de protección jurídica, se mencionen dos importantes informes monográficos del Defensor del Pueblo. Dejando al margen la actividad del Comité de los Derechos del Niño en el control de la observancia de la Convención de Naciones Unidas firmada en 1989, son dos las instituciones que se ocupan de garantizar a los menores una protección adecuada y uniforme en todo el territorio del Estado: el ministerio Fiscal y los defensores del pueblo. En su actividad de supervisión, los ombusdsman cuentan con una formidable herramienta para asegurar que las administraciones públicas cumplen el mandato del artículo 39 de la Constitución en la protección de los menores de edad. El objeto de este trabajo es analizar las fortalezas y debilidades de nuestro sistema de protección a la luz de los informes de los defensores del pueblo en España, que no solo dan cuenta de su actividad a los Diferentes órganos legislativos que los comisionan, sino que hacen partícipe a toda la sociedad de la calidad del compromiso de velar por los derechos de los niños que viven situaciones de riesgo o desamparo.