Nuevos Estatutos y Reforma del Estado

En el último decenio han tenido lugar una serie de reformas de los sistemas regionales y federales europeos. Por un lado, los Estados unitarios más antiguos del viejo continente «Gran Bretaña y Francia» han modificado considerablemente su Constitución (material, en el primer caso; y formal, en el segundo), introduciendo, respectivamente, la Devolution (1998), aunque limitada a Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y el principio de la République décentralisée (2003). Por otro lado, los sistemas regionales y federales europeos, tanto los de tradición más antigua, como los creados a lo largo del siglo XX, han vivido profundos debates. De ellos ha salido el intento ?fracasado en el referéndum de 1998, aunque sin cerrarse definitivamente la cuestión? de extender el sistema regional, inicialmente circunscrito a los archipiélagos, al territorio peninsular portugués; la Föderalismusreform de 2006 en Alemania; la última fase del desarrollo del federalismo belga (con los acuerdos de Lambermont y de Lombard de 2001 y los debates sucesivos) así como la reforma total de la Constitución suiza en 1999 (acompañada de la aprobación de numerosas constituciones cantonales nuevas); o el intento de llevar a buen fin un proceso similar en Austria, con el Verfassungskonvent, entre 2003 y 2005. A lo anterior se pueden añadir los procesos de consolidación del regionalismo en algunas nuevas democracias de la Europa central y del este (Polonia, República Checa, Ucrania), por no citar la atormentada involución del federalismo ruso en la etapa de Putin. En este contexto se sitúan la revisión del Título V de la Constitución italiana (1999 y 2001), seguida en los años siguientes de la aprobación de nuevos Estatutos en buena parte de las regiones ordinarias, y la reforma de los Estatutos de Autonomía en España (a partir de 2006), que no ha sido acompañada de una reforma constitucional, a pesar de la propuesta del Gobierno en 2004 que incluía, entre otras, la reforma del Senado y la inclusión de los nombres de las Comunidades Autónomas en el texto de la Constitución. Aunque se consultó al Consejo de Estado, que aprobó un informe al respecto en 2006, la reforma ni siquiera llegó a discutirse en las Cortes.