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Ley de Seguridad Interior

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El gobierno de los Estados Unidos desde el año 2002
incorporó de facto a México al Comando Norte.
Posteriormente, Vicente Fox firmó el ASPAN (Alianza
para la Seguridad y Prosperidad de América del
Norte) que integró no sólo la política castrense a
Norteamérica sino también la social y económica.
Durante el gobierno de Felipe Calderón con el inició
de la "guerra contra el narcotráfico" se potenció la
integración en temas de seguridad con América del
Norte mediante la Iniciativa Mérida, y con Peña Nieto,
se consolidó totalmente esa subordinación a los
Estados Unidos, tanto con las reformas estructurales
como con la concepción impuesta por el vecino del
norte para que nuestro país forme parte plena de la
seguridad nacional de los Estados Unidos.
La Ley de Seguridad Interior, es uno de los últimos
eslabones de esa cadena que conduce a la subordinación
en temas de seguridad a los Estados Unidos y a la
militarización del país. Es el ejemplo conspicuo del
rechazo a una política de seguridad y justicia vernácula
fundamentada en el orden constitucional y los
derechos humanos. Como apreciaremos en las
páginas que siguen la Ley de Seguridad Interior
privilegia los elementos inconstitucionalmente
coactivos, desprecia la garantía efectiva de los
derechos humanos, trastoca el orden constitucional
nacional, menoscaba el federalismo y la autonomía
municipal, abandona la transparencia y la rendición
de cuentas, y somete la función del Estado y la vida
social a las fuerzas armadas.

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