El nuevo régimen jurídico del sector público

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público aspira a convertirse ?al igual que su ?ley pareja?, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? en uno de los ?pilares sobre los que se asentará el Derecho Administrativo español?, según proclama el legislador en el Preámbulo. La Ley 40/2015 es la primera ley de la ?nueva? regulación general de la organización administrativa, porque sustituye el régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas establecido en la Ley 30/1992 ?derogado, por cierto, por la Ley 39/2015? y también el régimen jurídico del sector público estatal contenido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. La trascendencia jurídica ?y también socioeconómica? de la nueva norma reguladora de la estructura organizativa y las relaciones ad intra del sector público español es evidente. Pero no sólo es organización y funcionamiento interno lo que se establece en la Ley 40/2015. Sorprendentemente, también contiene el ?nuevo? régimen jurídico básico de la potestad administrativa más incisiva para los ciudadanos: la potestad sancionadora; eso sí, la Ley 40/2015 lo ?compensa? abordando el régimen jurídico-administrativo de la responsabilidad patrimonial del sector público: ambas constituyen materias esenciales del Derecho administrativo que, como acertadamente ha subrayado el prologuista y Catedrático de Derecho administrativo, Luis Cosculluela Montaner, no tienen precisamente ?una pura significación meramente organizativa?.