La investigación del patrimonio del ejecutado

Es un tópico al uso que vivimos o nos hallamos inmersos en la sociedad de la información. Este hecho por fuerza se proyecta también en el mundo de los procesos judiciales, con mejor o peor fortuna en cuanto a los resultados, según los escenarios. Un sector especialmente sensible, en el que tener información es vital, es la ejecución. En esta etapa de un litigio, conseguir información relevante sobre el patrimonio de una persona o entidad determina la mayoría de las veces el éxito o el fracaso de la tutela efectiva prometida por la Constitución. En principio habría que creer que la ley ofrece los mecanismos adecuados para llevar a cabo la empresa con éxito. Ciertamente así es, por más que todo instrumento siempre sea susceptible de mejora. Ocurre sin embargo que la filosofía con que se aplica no siempre se acomoda a las reglas del sentido común por una infinidad de rutinas heredadas del pasado y todavía no superadas. Un somero análisis permite efectuar el balance de situación. No cabe duda de que a priori están claramente identificadas las fuentes de donde obtener la información: el ejecutante, el ejecutado, la administración y terceras personas. Sin embargo, no se es del todo consciente de cómo utilizarlas rentablemente. Así, parece de cajón que la fuente más directa, segura y menos costosa, sea el propio ejecutado, que, por lógica, conoce al dedillo su capacidad económica. En este punto, hemos suspirado durante años por introducir la manifestación de bienes del ejecutado y ahora que la tenemos le ponemos tantas trabas y peros que, en la mayoría de los casos, la desactivamos. Tamaña inconsecuencia es sólo la punta del iceberg de una cadena de despropósitos, que abocan a la indolencia del sistema.